miércoles, 10 de julio de 2019

Aumento de medicamentos y situación del ANLAP



Medicamentos: el Estado argentino en manos privadas 
Los datos son contundentes. De mayo del 2015 a mayo de 2019 la inflación en el precio de los medicamentos alcanzó a nivel nacional un 314%, según datos publicados recientemente por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El mismo informe destaca en sus conclusiones que sólo en mayo del corriente, en promedio, los precios de los 50 principales medicamentos se incrementaron 4,2%1.
Pero recordemos que los medicamentos no son una mercancía. Son un bien social declarado por la Ley 26.688 (2011); y es el Estado, quien debe garantizar su accesibilidad.
Veamos algunos ejemplos de cómo el Estado argentino no está garantizando el acceso a medicamentos, y por lo tanto vulnera el derecho a la salud:
El ATENOLOL (de laboratorios Gador), un Betabloqueante de primera elección para el tratamiento de la hipertensión arterial, taquicardias y otras enfermedades cardiovasculares, está entre los 5 medicamentos que más aumentaron: de $66,9 en mayo de 2015 a $520 en mayo de 2019 (+677%).   
Este medicamento es definido como medicamento esencial por el ex Ministerio de Salud de la Nación, por lo que su distribución gratuita en Centros de Atención Primaria de Salud debería estar cubierta por el programa Cobertura Universal de Salud – Medicamentos (CUS-Medicamentos, ex Remediar). Según datos publicados por el programa, la cantidad de envases distribuidos pasó de 269.079 en 2015 a 138.798 en 2018 lo que representa una disminución del 48,41%2.
La disminución de entregas de este fármaco se corresponde con lo que ocurre con el programa a nivel general: según la página oficial, pasamos de 13.666.826 de envases distribuidos en 2015 a 10.935.941 en 2018 (-19,98%).
Más aún,  si comparamos los últimos 3 años del gobierno kirchnerista con los primeros tres de la presidencia macrista obtenemos una disminución del 20,9% de envases distribuidos por el CUS-Medicamentos (ex Remediar). 
El simple ejemplo del ATENOLOL nos lleva a preguntarnos por el rumbo que está tomando el actual Estado argentino. Un medicamento esencial que se reparte gratuitamente casi un 50% menos, en comparación con 2015, y que en el mismo período aumenta su precio casi un 680%.
Si estuviéramos hablando de manzanas y emulando el razonamiento liberal, podríamos pensar que es el gobierno de Macri quien, al disminuir su distribución gratuita, aumenta su demanda, contribuyendo, por lo tanto, al aumento del precio. 
Pero también podríamos intercambiar la causa y la consecuencia y veríamos también que es el gobierno actual quien sostiene el aumento de los precios. 
Veamos. Un Poder Ejecutivo amigable con el mercado decide no intervenir en el precio del producto, dejando en manos de laboratorios privados su precio. Este laboratorio, frente a un contexto recesivo, lo aumentan para paliar su baja de ventas. Como consecuencia, preocupado por el aumento del déficit, el gobierno de Macri decide reducir las compras y su distribución gratuita.   
Podemos concluir, entonces, que la política de estado actualmente ejecutada para los medicamentos es que los precios estén fijados por los oligopolios farmacéuticos

ANLAP-PPM
En el año 2014 se sancionó la Ley 27.113 creando la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), herramienta fundamental para intervenir en un contexto como el actual. Su objetivo consiste en “articular y promover la actividad de los laboratorios de PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS (PPM) existentes en nuestro país de forma planificada y centralizada por parte del Estado Nacional”3.
De manera paradójica, la firma del convenio marco entre el, por entonces, Ministerio de Salud y la ANLAP tuvo lugar en el año 2017, durante el cual el ex ministro de esa cartera Jorge Lemus señaló: “Es un acuerdo estratégico para mejorar la eficiencia en materia de producción pública lo que terminará beneficiando a todos los argentinos. Es el resultado de un extenso trabajo conjunto para poder incorporar a los laboratorios públicos al programa de Cobertura Universal de Salud (CUS) medicamentos4.
Siguiendo esta línea de pensamiento, nos encontramos con ejemplos concretos que evidencian que la producción de medicamentos a nivel nacional puede abaratar ampliamente los costos de producción. En el Instituto Biológico de La Plata, luego de una inversión para aumentar su capacidad productiva en el 2010 permitiendo la habilitación  de  ANMAT para distribuir medicamentos a todo el país, hoy se producen 70 millones de comprimidos por año a un costo 80% menor que el precio del mercado.
De este modo, la PPM posibilitaría, además, la regulación del precio del medicamento en el mercado local, impactando también en el precio de sus competidores en las farmacias. 
Así, de cumplirse las leyes vigentes, la estratégica puesta en funcionamiento de la PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS garantizaría, en gran medida, el acceso a la salud
Sin embargo, el ANLAP ha sufrido un enorme recorte en su presupuesto en los últimos años. En el 2018, el presupuesto destinado fue de 86 millones de pesos frente a los 150 millones que le correspondían por Ley, mientras que en el 2019 el presupuesto asignado es de tan sólo 61 millones de pesos5. Un verdadero desaprovechamiento, teniendo en cuenta que nuestro país cuenta con 39 laboratorios públicos nacionales, provinciales, municipales y universitarios con profesionales altamente capacitados, aptos para producir medicamentos básicos esenciales  de alta calidad y bajo costo, y que podrían potenciar su capacidad productiva para abastecer a toda la población. 

Reflexiones
El escenario actual es doblemente desfavorable para la salud de la población. Es más que evidente que las farmacéuticas manipulan los precios a su gusto tomando de rehenes a aquellos que aún pueden comprar la medicación que se les prescribe y dejando desamparados a aquellos que no pueden afrontar los gastos. Pero además el Estado, quien debería velar por el interés de la comunidad, favorece este libre albedrío por acción y omisión, retirándose de su rol de proveedor a los más necesitados de la población y relegando uno de sus instrumentos para la regulación de los precios de medicamentos a un rol anecdótico mediante la desfinanciación. 
En fin, las leyes existen, los programas están vigentes, pero al no ejecutarse el gobierno nacional garantiza que el paradigma siga siendo la salud entendida como mercancía en manos de los oligopolios, contrario a la salud como bien social en manos del Estado.

Fuentes

Grupo de Gestión de Políticas en Ciencia y Tecnología “Martín A. Isturiz”. J De Filippo, S de Sousa Frade, M Giordano, EB Hermida, M Iriondo, Y Lamberti, MF Landoni, P Morande, L Nicola Siri, M Palermo, O Pérez, AC Ravelo, B Rearte, A Rofman, N Yokobori


Este texto se difunde a: Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete, Ministerios de Educación, Salud, Defensa, Cancillería, Ciencia y Tecnología, Ministerios de Salud Provinciales, ANMAT, Diputados y Senadores Nacionales, Legisladores y Funcionarios Provinciales y C.A.B.A., Academias Nacionales, Instituciones del Sector CyT (INTA, INTI, CNEA, CONICET, SEGEMAR, CONAE, CITEFA, INIDEP, SENASA, INA, ANLIS-Malbrán, UTN), Facultades de Universidades Nacionales, ONG, Laboratorios de PPMV, etc).