Medicamentos: el Estado
argentino en manos privadas
Los datos son contundentes. De mayo del 2015 a
mayo de 2019 la inflación en el precio de los medicamentos alcanzó a nivel
nacional un 314%, según datos publicados recientemente por el Centro de
Economía Política Argentina (CEPA). El mismo informe destaca en sus
conclusiones que sólo en mayo del corriente, en promedio, los precios de los 50
principales medicamentos se incrementaron 4,2%1.
Pero recordemos que los medicamentos no son una
mercancía. Son un bien social declarado por la Ley 26.688 (2011); y es
el Estado, quien debe garantizar su accesibilidad.
Veamos algunos ejemplos de cómo el Estado
argentino no está garantizando el acceso a medicamentos, y por lo tanto
vulnera el derecho a la salud:
El ATENOLOL (de laboratorios Gador), un
Betabloqueante de primera elección para el tratamiento de la hipertensión
arterial, taquicardias y otras enfermedades cardiovasculares, está entre los 5
medicamentos que más aumentaron: de $66,9 en mayo de 2015 a $520 en mayo de
2019 (+677%).
Este medicamento es definido como medicamento
esencial por el ex Ministerio de Salud de la Nación, por lo que su distribución
gratuita en Centros de Atención Primaria de Salud debería estar
cubierta por el programa Cobertura Universal de Salud – Medicamentos
(CUS-Medicamentos, ex Remediar). Según datos publicados por el programa, la
cantidad de envases distribuidos pasó de 269.079 en 2015 a 138.798 en 2018 lo
que representa una disminución del 48,41%2.
La disminución de entregas de este fármaco se
corresponde con lo que ocurre con el programa a nivel general: según la página
oficial, pasamos de 13.666.826 de envases distribuidos en 2015 a 10.935.941 en
2018 (-19,98%).
Más aún, si comparamos los últimos 3 años
del gobierno kirchnerista con los primeros tres de la presidencia macrista
obtenemos una disminución del 20,9% de envases distribuidos por el
CUS-Medicamentos (ex Remediar).
El simple ejemplo del ATENOLOL nos lleva a
preguntarnos por el rumbo que está tomando el actual Estado argentino. Un
medicamento esencial que se reparte gratuitamente casi un 50% menos, en
comparación con 2015, y que en el mismo período aumenta su precio casi un
680%.
Si estuviéramos hablando de manzanas y emulando
el razonamiento liberal, podríamos pensar que es el gobierno de Macri quien, al
disminuir su distribución gratuita, aumenta su demanda, contribuyendo, por lo
tanto, al aumento del precio.
Pero también podríamos intercambiar la causa y
la consecuencia y veríamos también que es el gobierno actual quien sostiene el
aumento de los precios.
Veamos. Un Poder Ejecutivo amigable con el
mercado decide no intervenir en el precio del producto, dejando en manos de
laboratorios privados su precio. Este laboratorio, frente a un contexto
recesivo, lo aumentan para paliar su baja de ventas. Como consecuencia,
preocupado por el aumento del déficit, el gobierno de Macri decide reducir las
compras y su distribución gratuita.
Podemos concluir, entonces, que la política
de estado actualmente ejecutada para los medicamentos es que los precios
estén fijados por los oligopolios farmacéuticos.
ANLAP-PPM
En el año 2014 se sancionó la Ley 27.113 creando
la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), herramienta fundamental
para intervenir en un contexto como el actual. Su objetivo consiste en
“articular y promover la actividad de los laboratorios de PRODUCCIÓN PÚBLICA
DE MEDICAMENTOS (PPM) existentes en nuestro país de forma
planificada y centralizada por parte del Estado Nacional”3.
De manera paradójica, la firma del convenio
marco entre el, por entonces, Ministerio de Salud y la ANLAP tuvo lugar en el
año 2017, durante el cual el ex ministro de esa cartera Jorge Lemus señaló: “Es
un acuerdo estratégico para mejorar la eficiencia en materia de producción
pública lo que terminará beneficiando a todos los argentinos. Es el resultado
de un extenso trabajo conjunto para poder incorporar a los laboratorios
públicos al programa de Cobertura Universal de Salud (CUS) medicamentos”4.
Siguiendo esta línea de pensamiento, nos
encontramos con ejemplos concretos que evidencian que la producción de
medicamentos a nivel nacional puede abaratar ampliamente los costos de
producción. En el Instituto Biológico de La Plata, luego de una inversión para
aumentar su capacidad productiva en el 2010 permitiendo la habilitación
de ANMAT para distribuir medicamentos a
todo el país, hoy se producen 70 millones de comprimidos por año a un costo 80%
menor que el precio del mercado.
De este modo, la PPM posibilitaría, además, la
regulación del precio del medicamento en el mercado local, impactando también
en el precio de sus competidores en las farmacias.
Así, de cumplirse las leyes vigentes, la
estratégica puesta en funcionamiento de la PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS
garantizaría, en gran medida, el acceso a la salud.
Sin embargo, el ANLAP ha sufrido un enorme recorte en su
presupuesto en los últimos años. En el 2018, el presupuesto destinado fue de 86
millones de pesos frente a los 150 millones que le correspondían por Ley,
mientras que en el 2019 el presupuesto asignado es de tan sólo 61 millones de
pesos5. Un verdadero desaprovechamiento, teniendo en cuenta que nuestro
país cuenta con 39 laboratorios públicos nacionales, provinciales, municipales
y universitarios con profesionales altamente capacitados, aptos para producir
medicamentos básicos esenciales de alta calidad y bajo costo, y que
podrían potenciar su capacidad productiva para abastecer a toda la
población.
Reflexiones
El escenario actual es doblemente desfavorable
para la salud de la población. Es más que evidente que las farmacéuticas
manipulan los precios a su gusto tomando de rehenes a aquellos que aún pueden
comprar la medicación que se les prescribe y dejando desamparados a aquellos
que no pueden afrontar los gastos. Pero además el Estado, quien debería velar
por el interés de la comunidad, favorece este libre albedrío por acción y
omisión, retirándose de su rol de proveedor a los más necesitados de la
población y relegando uno de sus instrumentos para la regulación de los precios
de medicamentos a un rol anecdótico mediante la desfinanciación.
En fin, las leyes existen, los programas están
vigentes, pero al no ejecutarse el gobierno nacional garantiza que el paradigma
siga siendo la salud entendida como mercancía en manos de los oligopolios, contrario
a la salud como bien social en manos del Estado.
Fuentes
Grupo
de Gestión de Políticas en Ciencia y Tecnología “Martín A. Isturiz”. J De Filippo, S de Sousa Frade, M Giordano, EB
Hermida, M Iriondo, Y Lamberti, MF Landoni, P Morande, L Nicola Siri, M
Palermo, O Pérez, AC Ravelo, B Rearte, A Rofman, N Yokobori
